Chile se apronta a conmemorar siete años desde la jornada del 18 de octubre de 2019, fecha que marcó el inicio del denominado estallido social y que abrió un ciclo político cuyos efectos siguen presentes en la discusión pública. La semana se desarrolla con actos recordatorios en Plaza Baquedano, foros académicos en universidades metropolitanas y una revisión crítica, desde la oposición y el oficialismo, respecto de las promesas que surgieron en esos días y de aquello que efectivamente llegó a plasmarse en políticas públicas.

El balance institucional es complejo. Dos procesos constitucionales se cerraron sin un nuevo texto fundamental, lo que obligó al sistema político a volver a los métodos legislativos tradicionales para procesar demandas sensibles. Se concretó la reforma de pensiones aprobada a comienzos de 2025, que incorporó cotización con cargo al empleador y un seguro social con componente de reparto, aunque la discusión sobre comisiones, rentabilidad y los recientes retrocesos del Fondo E han mantenido vigente el escrutinio sobre el modelo.

En materia de seguridad pública, la agenda legislativa avanzó con normas sobre reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica y crimen organizado. Las cifras del Ministerio del Interior muestran una disminución en homicidios respecto del peak de 2024, aunque los índices permanecen por sobre la media histórica previa a 2019. La percepción de inseguridad, medida por encuestas como la ENUSC y los sondeos privados, sigue siendo uno de los principales determinantes de la evaluación ciudadana al gobierno.

En el plano económico, el país enfrenta una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto inferior al 1% para 2026, de acuerdo con las últimas revisiones del Fondo Monetario Internacional y de analistas locales. La tasa de desempleo se mantiene cercana al 9%, con sectores como construcción y comercio todavía operando bajo sus niveles previos a la pandemia. En paralelo, el Banco Central ha gestionado la política monetaria en un escenario de inflación contenida pero con expectativas sensibles al tipo de cambio.

Desde el mundo académico, cientistas políticos han remarcado que la lección del ciclo abierto en 2019 no se reduce al mapa de reformas aprobadas o rechazadas, sino que incluye un cambio más profundo en la relación entre instituciones y ciudadanía. Los partidos tradicionales siguen reconstruyendo su base electoral, mientras surgen liderazgos y plataformas que capitalizan la fatiga con el modelo político heredado.

La conmemoración coincide, además, con el inicio del ciclo electoral municipal de corto plazo y con la antesala de las elecciones presidenciales del próximo año. En ese contexto, el aniversario funciona menos como una fecha de cierre que como un recordatorio: siete años después, el pacto social sigue en construcción y las variables económicas, de seguridad y de legitimidad institucional son las que, hoy, determinan su ritmo.

Redacción El Rojo